Reflexiones sobre la realidad de nuestra Administración de Justicia
Una voz más que se suma a las denuncias públicas contra una Administración de
Justicia tan corporativa, prevaricadora, negligente caprichosa, lenta, delictiva y
político-partidista como la española. Nada se puede hacer contra
estas "señorías del
delito y del corporativismo", sino mantener cada uno de los calificativos escritos y probárselos
documentalmente, si estos delincuentes/negligentes públicos quieren emprender acciones contra los
redactores de www.democracia-real.org. Por el contrario, algún día el Tribunal del Jurado les juzgará a
ellos y entonces sí podrán sentenciarse sus delitos.
Mientras tanto, lean este revelador análisis de APRODE en el se se expone lo que cualquier
lector y juzgador racional puede comprender: una institución tan poderosa que hasta se juzga a sí misma,
se convierte inevitablemente, en poco tiempo, en
una absoluta
mafia... donde los crímenes más habituales (los judiciales) no tienen castigo, y hay infinitos
castigos sin crimen (para los usuarios, empezando por las pérdidas de dinero y tiempo que una Administración
judicial ineficaz supone): excelente paradoja para describir el país de los "justos".
Y, ya saben,
mafiosos y delincuentes jueces españoles, como a ustedes les consta lo que son y nosotros podemos probárselo
en cualquier momento, emprendan acciones contra nosotros o resígnense a que cada vez seamos más quienes les
llamemos por sus nombres)
COMO PRESIDENTE de la Asociación Pro-Derechos del Administrado y Justiciable ("APRODE"),
como he hecho ante todas las instancias permitidas y no los quieren ver (o se salen por la tangente o no contestan),
una vez más ofrezco archivos, de unos 25 años, que prueban el corporativismo presuntamente prevaricador y
encubridor que inunda nuestro sistema judicial (en todas las instancias).
Especialmente cuando se trata de accionar contra personas vinculadas a grupos de presión
(como por ejemplo el Opus Dei) o contra los presuntos abusos de poder, las prevaricaciones dolosas o culposas,
los encubrimientos corporativos,las falsedades en proveidos, las dilaciones indebidas dolosas, las pérdidas de
documentos, el tráfico corporativo de influencias, el tráfico de influencias de grupos de presión como el antes citado,
las sutiles amenazas, presiones y coacciones a los justiciables o, tambien, a los abogados y procuradores para que no
firmen determinados asuntos o recursos, etc. etc. llevadas a cabo, por acción u omisión, por jueces, magistrados,
fiscales, con la colaboración en muchas ocasiones de abogados, procuradores y demás personal de la oficina judicial.
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